La Asociación de la Prensa de Cádiz recuerda a las instituciones públicas la necesidad de que su comunicación institucional, incluyendo la publicidad y campañas informativas, especialmente las sufragadas con fondos públicos, se contraten con medios de comunicación reconocidos como tales por los colectivos oficiales de periodistas y siempre bajo criterios de transparencia y servicio público.
Esta Asociación entiende necesario recordar este obvio principio tras el vergonzoso episodio de hostigamiento practicado por una web de El Puerto de Santa María, que publicó un artículo intimidatorio contra una periodista por realizar su trabajo. La publicación ofrecía datos de la vida privada e incluso de su entorno familiar, incluyendo personas menores de edad, que van mucho más allá de una simple crítica, a la que todos estamos expuestos. La APC se ve obligada a recordar a los poderes públicos la necesidad de extremar el celo en el uso de fondos para la contratación de campañas de información, publicidad, redes sociales o cualquier otro mecanismo de visibilidad pública para fomentar la transparencia de su gestión, y que este tipo de portales Web, no tengan en ningún caso acceso a fondos públicos, mientras no se constituyan como medios de comunicación homologados y sigan con una dinámica opuesta a cualquier principio deontológico profesional. Lo contrario les hace cómplices de la precariedad y el intrusismo en el sector del periodismo, además de perjudicar seriamente la salud de la democracia.
Los colectivos profesionales de periodistas vienen reclamando desde hace años un mayor control de los recursos de las administraciones y la contratación de publicidad institucional con medios de comunicación que acrediten serlo por su trayectoria o por estar reconocidos y recogidos en el Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía (ROMDA). Es preciso que los medios que reciben publicidad institucional cumplan con su condición de servicio público bajo criterios periodísticos que garanticen el derecho a la información de la ciudadanía.
La APC recuerda que los periodistas son los depositarios del derecho constitucional a la información, y entre las funciones de la profesión están las de dejar constancia de los hechos, e informar u opinar en libertad, sin coacciones, y respetando criterios de rigor y veracidad.
La organización profesional rechaza las prácticas intimidatorias, que sin duda pretenden coartar el libre ejercicio de la profesión, y hace un llamamiento a acabar con esta dinámica de acoso que pone en serio riesgo la salud democrática. Lo deseable sería una condena pública a este tipo de prácticas, pero al menos, lo mínimo exigible a una administración pública, es no fomentarlas con su apoyo institucional.
