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Por primera vez los periodistas no tendrán acceso a la información en la zona de escenario y camerinos del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval 

El Ayuntamiento no acepta la propuesta de APC y Colegio de periodistas de trabajar con mascarilla Fpp2 y test de […]

El Ayuntamiento no acepta la propuesta de APC y Colegio de periodistas de trabajar con mascarilla Fpp2 y test de antígenos negativo

A horas para el inicio del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval, las restricciones planteadas por el Ayuntamiento de Cádiz en materia de prevención de Covid-19 dejan fuera de la zona de escenario y camerinos a los profesionales de los medios. Para evitar esta situación sin precedentes y cuando las restricciones por Covid son las más bajas, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) y la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) presentaron una propuesta al Ayuntamiento que no ha sido atendida. Estos colectivos advierten que con esta situación se perjudica el trabajo de los profesionales de los medios de comunicación que cubren este año el concurso de agrupaciones del carnaval de Cádiz y que además se empobrece la información que llega a la ciudadanía sobre el mismo. 

Actualmente sólo puede trabajar en estos espacios Onda Cádiz, poseedora de los derechos, por lo que el resto de medios tendrá que renuncia a narrar en directo lo que sucede una vez finalizan las actuaciones y no tendrán acceso a los detalles que nutren las crónicas de ambiente del concurso que tanta información relevante y tanto valor añadido aportan a los contenidos. 

Somos conscientes de la situación excepcional del concurso de este año y de la responsabilidad del Ayuntamiento para la seguridad de todas las personas implicadas en el mismo. No obstante, no estamos de acuerdo con esta medida cuando las restricciones son las más bajas desde que comenzara la pandemia, ya que los riesgos de contagio que ofrece un grupo limitado de trabajadores son mínimos en comparación con otros factores del día a día.

Además, para reducir aún más esos factores de riesgo, la propuesta presentada por APC y CPPA, y que no ha sido aceptada, incluye que los colectivos de periodistas asuman el compromiso de que, aunque legalmente no sea necesario, se pida como requisito un test de antígenos negativo para acceder a esta zona y el uso obligatorio de mascarilla fpp2 en todo momento. También incluye el respaldo que se retire la acreditación a quien no cumpla los protocolos de seguridad que se establezcan, si se pone en riesgo la salud laboral de otros trabajadores. 

El Ayuntamiento ubicará a los profesionales que trabajaban habitualmente en el escenario y en los camerinos en una carpa en la calle, fuera del teatro, dinamitando la cercanía e inmediatez que han caracterizado a la difusión de una expresión cultural protagonizada por el pueblo de Cádiz y empeorando el producto informativo que llegará a la ciudadanía. 

La decisión se adopta el primer año en que el COAC se organiza en solitario por el Ayuntamiento, al haberse suprimido el Patronato. Significa que, por primera vez en la historia del concurso, especialmente las radios se quedarán sin poder contar a sus oyentes todo lo que ocurre entre actuación y actuación.

El acceso al escenario y a la información que allí se genera se privatiza, ya que sólo tendrá acceso en exclusiva la televisión que pague por los derechos de emisión cuando siempre ha estado abierta a todas las emisoras acreditadas. Así mismo, la prohibición de entrar en los camerinos impedirá que otros medios locales puedan grabar contenido no sujeto a derechos con los que venían elaborando sus programas. 

Estas medidas fueron comunicadas por el Ayuntamiento de Cádiz, en primer lugar, a las direcciones de las empresas periodísticas. Si bien se hizo en el mes de febrero, con la variante Omicron multiplicando los contagios. Su aceptación por parte de las empresas significa un desconocimiento de las dificultades que supone para el desarrollo del trabajo que se hace en el COAC. CPPA y APC muestran su desacuerdo.

Ambos colectivos consideran que estas limitaciones suponen un paso atrás cuando en los últimos años de concurso se había conseguido dignificar el ejercicio de la profesión de manera dialogada con el Ayuntamiento de Cádiz que procuró facilitar la acreditación a profesionales con contrato laboral y titulación. Reiteramos nuestra disposición a seguir avanzando en esta línea de consenso para que también este concurso podamos encontrar una solución que, por interés de la fiesta de la libertad, pueda satisfacer a todas las partes cumpliendo la legislación sanitaria vigente.

Lo que sería inadmisible es que esta medida excepcional se prolongue en el tiempo. Aún esperamos encontrar una solución y si no, exigiremos que se vuelva a la normalidad la próxima edición del COAC.

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LAS ASOCIACIONES DE LA PRENSA DE ANDALUCÍA DEMANDAN A LA JUNTA QUE LOS PUESTOS PARA LABORES DE COMUNICACIÓN DEBEN CUBRIRSE CON PERIODISTAS

Las diez Asociaciones de la Prensa de Andalucía, ante la convocatoria pública realizada el pasado 12 de agosto para la […]

Las diez Asociaciones de la Prensa de Andalucía, ante la convocatoria pública realizada el pasado 12 de agosto para la contratación temporal de un puesto de técnico de función administrativa que desarrollará sus funciones de apoyo al responsable de la Unidad de Comunicación del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, demandan a la Junta de Andalucía, mediante este comunicado conjunto, que los puestos de trabajo en la administración autonómica que sean para desarrollar labores de comunicación deben cubrirse con periodistas titulados.

 En la convocatoria referida de Almería, a los candidatos se les pide estar en posesión del título de diplomado, ingeniero técnico, arquitecto, grado o equivalente, sin referencia alguna a la exigencia de titulación en Periodismo o Comunicación Audiovisual para funciones relacionadas con información y comunicación en gabinetes de prensa o direcciones de comunicación o, en su caso, a la inclusión en el registro oficial de periodistas de FAPE. El perfil del puesto referido está diseñado para la unidad de comunicación, siendo sus competencias labores propias de la profesión periodística.

 Las diez Asociaciones de la Prensa de Andalucía quieren recordar a la administración autonómica el compromiso adquirido el pasado mes de junio de contemplar la inclusión de la categoría laboral de periodista en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta de Andalucía.

Cabe recordar que, a mediados del referido mes, el secretario general para la Administración Pública de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública se reunió con los presidentes de las asociaciones de la prensa de Andalucía y se comprometió a que la categoría laboral de periodista debe de existir, “porque las funciones y las necesidades también existen”, según expuso así como “a elaborar un estudio del número de periodistas que hay en la Junta, de las funciones que hacen y bajo qué otra categoría laboral tiene la denominación de su actual puesto de trabajo”. 

Los periodistas que trabajan en la Junta de Andalucía no son funcionarios, ni fijos, ni interinos, y sí, exclusivamente trabajadores eventuales, con contratos de muy distintas denominaciones y que nada tienen que ver con la función profesional que realmente realizan que son las propias del periodismo, y que es para la que son contratados.

Las asociaciones andaluzas lamentan que, una vez más, se convoque un procedimiento de estas características y que continúe siendo una práctica por quienes deberían velar por la calidad de los servicios, contratando a profesionales debidamente formados.

Asociación de la Prensa de Almería.

Asociación de la Prensa de Cádiz.

Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar.

Asociación de la Prensa de Córdoba.

Asociación de la Prensa de Jaén.

Asociación de la Prensa de Jerez de la Frontera.

Asociación de la Prensa de Granada.

Asociación de la Prensa de Huelva.

Asociación de la Prensa de Málaga.

Asociación de la Prensa de Sevilla.

Noticias 16 agosto 2025 Lectura 0 minutos

La APC se suma al comunicado del Colegio de Periodistas que rechaza la regulación del secreto profesional que pretende el Gobierno

La Asociación de la Prensa de Cádiz respalda al Colegio de Periodistas de Andalucía ante el despropósito del anteproyecto de […]

La Asociación de la Prensa de Cádiz respalda al Colegio de Periodistas de Andalucía ante el despropósito del anteproyecto de ley que considera innecesario que los periodistas estén formados y desprecia la titulación ofertada por la mayoría de las universidades españolas.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) reitera su preocupación por el contenido del anteproyecto de Ley Orgánica que pretende regular el derecho al secreto profesional de los periodistas. El documento, según ha confirmado el Gobierno en respuesta a una solicitud de información a la organización colegial andaluza, ha iniciado su tramitación en el Consejo de Ministros y tal como temía el colectivo profesional, no incluye la titulación universitaria específica en la definición de periodista, entre otros aspectos con los que tampoco está de acuerdo el colegio profesional.

En el texto del anteproyecto, se define a los profesionales de la información como “toda personas física o jurídica que se dedique profesionalmente a la búsqueda, tratamiento y difusión de información veraz de interés público, a través de cualquier medio de comunicación, con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la información”. Para el Colegio de Periodistas, esta definición no solo es incompleta, sino que da rango de ley al intrusismoque tanto daño hace a la profesión periodística y al derecho a la información de la ciudadanía.

El documento no explica qué es un medio de comunicación, no incluye ninguna referencia a la titulación universitaria específica y tampoco a la deontología periodística, requisitos fundamentales para garantizar que la profesión se ejerce desde la responsabilidad. Para el Colegio de Periodistas, son aspectos clave para garantizar la calidad informativa y la protección del derecho fundamental a la información. Y no tenerlos en cuenta en este documento normativo implica proteger con este singular derecho a cualquier persona que se autodefina como periodista o a cualquier página web que se contemple como medio de comunicación, por mencionar ejemplos.

Para el Colegio, la exclusión de estos requisitos es “grave” y se produce a pesar de los esfuerzos históricos de la organización colegial para dignificar la profesión y evitar el intrusismo.

La autorregulación regulada desde los colegios profesionales

El Colegio de Periodistas exige también que se recoja en el anteproyecto el papel de las organizaciones colegiales y sus comisiones deontológicas -como es el caso de la andaluza- en la autorregulación de la profesión, un factor que el Gobierno pretende delegar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, un órgano que poco o nada tiene que ver con la pretendida autorregulación que plantea el anteproyecto. Sin embargo, el Colegio de Periodistas tiene ya entre sus funciones ordenar y vigilar el ejercicio de la profesión y su Comisión Deontológica tiene como misión actuar ante denuncias por una mala praxis periodística faltando a los principios éticos de la profesión.

Necesidad de establecer alianzas y sellos de periodismo

Con el objetivo de fortalecer la defensa de la titulación, el Colegio ha iniciado una ronda de contactos con los Decanatos de las Facultades de Comunicación andaluzas, a quienes ha trasladado su inquietud por este enfoque del anteproyecto. El CPPA confía en contar con su respaldo para exigir que el reconocimiento profesional del periodismo incluya la formación reglada. En tiempos de bulos y desinformación es imprescindible contar con profesionales cualificados y que se rijan por un código ético que permita a la ciudadanía diferenciar la información de lo que no lo es. El Colegio andaluz lleva años reclamando una actuación clara del Gobierno a quien ha presentado además iniciativas para distinguir a los medios de comunicación en el entorno digital, como es el Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía. Otros colegios de periodistas como Murcia, Galicia y Castilla y León han puesto en marcha sus propios registros de medios digitales, demostrando así la utilidad de la iniciativa andaluza.

El Colegio de Periodistas de Andalucía también está buscando el respaldo de las asociaciones de la prensa andaluzas, así como de las agrupaciones de periodistas de las organizaciones sindicales en Andalucía para sumar esfuerzos respecto a lo que el Colegio de Periodistas considera un despropósito.

Tal y como anunció hace unos días, el Colegio de Periodistas de Andalucía presentará alegaciones al documento, elaborado sin la participación de ninguno de los colegios de periodistas que existen en España y que junto al andaluz, suman un total de 11 corporaciones de derecho público (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Galicia, Murcia, Navarra, País y Vasco y Rioja). Para el colegio andaluz, se trata de una demostración de falta de transparencia y lealtad institucional que está poniendo en riesgo el derecho a la información de la ciudadanía andaluza. No contar con los colegios de periodistas significa no contar con las entidades que legalmente tienen reconocida la representación de los intereses generales de la profesión.

El Colegio lanza un llamamiento a todos sus miembros, periodistas, estudiantes y entidades afines en Andalucía para estar pendientes de la publicación del anteproyecto y presentar alegaciones y sugerencias al mismo.

Noticias 31 julio 2025 Lectura 0 minutos

La Junta Directiva aprueba el Reglamento para el Desarrollo del Derecho de Asistencia Jurídica de las Personas Asociadas a la APC

Aprobado por la Junta Directiva en sesión celebrada el 17/julio/2025 Artículo 1. Objeto El presente reglamento tiene por objeto desarrollar […]

Aprobado por la Junta Directiva en sesión celebrada el 17/julio/2025

Artículo 1. Objeto

El presente reglamento tiene por objeto desarrollar y regular el derecho de los socios y socias de la Asociación de la Prensa de Cádiz (en adelante, APC) a recibir el apoyo de la APC en caso de precisar asistencia jurídica, tal como se recoge en sus Estatutos, estableciendo para ello el procedimiento, condiciones, límites y garantías para su aplicación.

Artículo 2. Primera consulta gratuita

La APC mantiene, a la fecha de firma del presente Reglamento, un acuerdo con un despacho de abogados, en virtud del cual los asociados y asociadas de la APC tienen derecho a una primera consulta gratuita en materia jurídica, siempre que esta consulta esté vinculada al ejercicio profesional del periodismo o a su actividad como personas asociadas a la APC.

Artículo 3. Asistencia jurídica complementaria

  1. En caso de que, tras la primera consulta gratuita, el socio o socia requiera, además, asistencia jurídica continuada (redacción de escritos, representación procesal, negociación, etc.), podrá acogerse a una ayuda económica, que se determinará de común acuerdo con el despacho de abogados. En cualquier caso, la APC sufragará como máximo un 50% del coste total del servicio jurídico, con el límite máximo de 1.000 euros (más IVA). El coste se determinará en base a las tarifas fijadas por el despacho de abogados y aceptadas previamente por la APC.
  2. La ayuda será financiada por la APC únicamente si reúne los siguientes requisitos:
    • Que la solicitud haya sido previamente comunicada por escrito a la APC.
    • Que la Junta Directiva haya aprobado expresamente su concesión, tras valorar su adecuación al presente reglamento.
    • Que la factura del despacho se emita a nombre del socio/a, e incluya el detalle de los servicios prestados.

Artículo 4. Solicitud y aprobación

  1. Para tener derecho a acceder a la ayuda descrita en el artículo anterior, el socio/a deberá remitir por escrito a la Secretaría de la APC una solicitud motivada, explicando brevemente el asunto objeto de consulta o reclamación y justificando su relación con el ejercicio de la actividad periodística.
  2. La Junta Directiva resolverá la solicitud en un plazo máximo de 15 días hábiles, valorando, entre otras circunstancias:
    • Que el caso esté vinculado de forma clara al desempeño profesional como periodista o comunicador.
    • Que no se trate de asuntos personales ajenos al ámbito profesional.
    • Que no exista conflicto de interés con otros socios/as, en cuyo caso el socio/a perderá automáticamente el derecho a obtener la ayuda económica descrita.
  3. Sin la autorización expresa de la Junta Directiva, el/la socio/a no tendrá derecho a la citada ayuda.

Artículo 5. Exclusiones

  1. No se admitirán solicitudes relativas a cuestiones de carácter estrictamente personal, familiar, mercantil o laboral siempre que sean ajenas al ejercicio profesional del periodismo.
  2. En los casos en que la disputa judicial o extrajudicial enfrente a dos o más socios/as de la APC, los/as socios/as perderán el derecho a obtener la ayuda económica descrita, ya que la Asociación se eximirá de toda intervención y apoyo económico con el fin de preservar la imparcialidad institucional.
  3. La APC se reserva el derecho a exigir la devolución de la ayuda que haya sido concedida mediando falsedad o mala fe en el/la solicitante.

Artículo 6. Protección de datos y confidencialidad

  1. Toda la información que las personas asociadas comuniquen a la APC en el marco de este reglamento será tratada con estricta confidencialidad y conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD).
  2. La Junta Directiva y el personal autorizado de la APC tienen la obligación de no divulgar bajo ningún concepto las solicitudes de asistencia jurídica ni las razones que las motivan.
  3. El despacho de abogados también se compromete, en su relación con la APC y con los asociados/as, a mantener la confidencialidad de toda la información compartida.

Artículo 7. Revisión y modificaciones

Este reglamento podrá ser revisado, modificado y actualizado por la Junta Directiva de la APC en cualquier momento, previa justificación y aprobación por mayoría simple de la Junta Directiva. Posteriormente, deberá ser notificado a los/as socios/as.

Disposición final

El presente reglamento entra en vigor el día siguiente a su aprobación por la Junta Directiva y será de aplicación a todas las solicitudes de ayudas de asistencia jurídica que se presenten a partir de esa fecha, es decir, a los procedimientos que se inicien después de la consulta previa gratuita.

Noticias 18 julio 2025 Lectura 0 minutos