La Asociación de la Prensa de Cádiz respalda al Colegio de Periodistas de Andalucía ante el despropósito del anteproyecto de ley que considera innecesario que los periodistas estén formados y desprecia la titulación ofertada por la mayoría de las universidades españolas.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) reitera su preocupación por el contenido del anteproyecto de Ley Orgánica que pretende regular el derecho al secreto profesional de los periodistas. El documento, según ha confirmado el Gobierno en respuesta a una solicitud de información a la organización colegial andaluza, ha iniciado su tramitación en el Consejo de Ministros y tal como temía el colectivo profesional, no incluye la titulación universitaria específica en la definición de periodista, entre otros aspectos con los que tampoco está de acuerdo el colegio profesional.

En el texto del anteproyecto, se define a los profesionales de la información como “toda personas física o jurídica que se dedique profesionalmente a la búsqueda, tratamiento y difusión de información veraz de interés público, a través de cualquier medio de comunicación, con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la información”. Para el Colegio de Periodistas, esta definición no solo es incompleta, sino que da rango de ley al intrusismoque tanto daño hace a la profesión periodística y al derecho a la información de la ciudadanía.

El documento no explica qué es un medio de comunicación, no incluye ninguna referencia a la titulación universitaria específica y tampoco a la deontología periodística, requisitos fundamentales para garantizar que la profesión se ejerce desde la responsabilidad. Para el Colegio de Periodistas, son aspectos clave para garantizar la calidad informativa y la protección del derecho fundamental a la información. Y no tenerlos en cuenta en este documento normativo implica proteger con este singular derecho a cualquier persona que se autodefina como periodista o a cualquier página web que se contemple como medio de comunicación, por mencionar ejemplos.

Para el Colegio, la exclusión de estos requisitos es “grave” y se produce a pesar de los esfuerzos históricos de la organización colegial para dignificar la profesión y evitar el intrusismo.

La autorregulación regulada desde los colegios profesionales

El Colegio de Periodistas exige también que se recoja en el anteproyecto el papel de las organizaciones colegiales y sus comisiones deontológicas -como es el caso de la andaluza- en la autorregulación de la profesión, un factor que el Gobierno pretende delegar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, un órgano que poco o nada tiene que ver con la pretendida autorregulación que plantea el anteproyecto. Sin embargo, el Colegio de Periodistas tiene ya entre sus funciones ordenar y vigilar el ejercicio de la profesión y su Comisión Deontológica tiene como misión actuar ante denuncias por una mala praxis periodística faltando a los principios éticos de la profesión.

Necesidad de establecer alianzas y sellos de periodismo

Con el objetivo de fortalecer la defensa de la titulación, el Colegio ha iniciado una ronda de contactos con los Decanatos de las Facultades de Comunicación andaluzas, a quienes ha trasladado su inquietud por este enfoque del anteproyecto. El CPPA confía en contar con su respaldo para exigir que el reconocimiento profesional del periodismo incluya la formación reglada. En tiempos de bulos y desinformación es imprescindible contar con profesionales cualificados y que se rijan por un código ético que permita a la ciudadanía diferenciar la información de lo que no lo es. El Colegio andaluz lleva años reclamando una actuación clara del Gobierno a quien ha presentado además iniciativas para distinguir a los medios de comunicación en el entorno digital, como es el Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía. Otros colegios de periodistas como Murcia, Galicia y Castilla y León han puesto en marcha sus propios registros de medios digitales, demostrando así la utilidad de la iniciativa andaluza.

El Colegio de Periodistas de Andalucía también está buscando el respaldo de las asociaciones de la prensa andaluzas, así como de las agrupaciones de periodistas de las organizaciones sindicales en Andalucía para sumar esfuerzos respecto a lo que el Colegio de Periodistas considera un despropósito.

Tal y como anunció hace unos días, el Colegio de Periodistas de Andalucía presentará alegaciones al documento, elaborado sin la participación de ninguno de los colegios de periodistas que existen en España y que junto al andaluz, suman un total de 11 corporaciones de derecho público (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Galicia, Murcia, Navarra, País y Vasco y Rioja). Para el colegio andaluz, se trata de una demostración de falta de transparencia y lealtad institucional que está poniendo en riesgo el derecho a la información de la ciudadanía andaluza. No contar con los colegios de periodistas significa no contar con las entidades que legalmente tienen reconocida la representación de los intereses generales de la profesión.

El Colegio lanza un llamamiento a todos sus miembros, periodistas, estudiantes y entidades afines en Andalucía para estar pendientes de la publicación del anteproyecto y presentar alegaciones y sugerencias al mismo.

Aprobado por la Junta Directiva en sesión celebrada el 17/julio/2025

Artículo 1. Objeto

El presente reglamento tiene por objeto desarrollar y regular el derecho de los socios y socias de la Asociación de la Prensa de Cádiz (en adelante, APC) a recibir el apoyo de la APC en caso de precisar asistencia jurídica, tal como se recoge en sus Estatutos, estableciendo para ello el procedimiento, condiciones, límites y garantías para su aplicación.

Artículo 2. Primera consulta gratuita

La APC mantiene, a la fecha de firma del presente Reglamento, un acuerdo con un despacho de abogados, en virtud del cual los asociados y asociadas de la APC tienen derecho a una primera consulta gratuita en materia jurídica, siempre que esta consulta esté vinculada al ejercicio profesional del periodismo o a su actividad como personas asociadas a la APC.

Artículo 3. Asistencia jurídica complementaria

1. En caso de que, tras la primera consulta gratuita, el socio o socia requiera, además, asistencia jurídica continuada (redacción de escritos, representación procesal, negociación, etc.), podrá acogerse a una ayuda económica, que se determinará de común acuerdo con el despacho de abogados. En cualquier caso, la APC sufragará como máximo un 50% del coste total del servicio jurídico, con el límite máximo de 1.000 euros (más IVA). El coste se determinará en base a las tarifas fijadas por el despacho de abogados y aceptadas previamente por la APC.
2. La ayuda será financiada por la APC únicamente si reúne los siguientes requisitos:
   • Que la solicitud haya sido previamente comunicada por escrito a la APC.
   • Que la Junta Directiva haya aprobado expresamente su concesión, tras valorar su adecuación al presente reglamento.
   • Que la factura del despacho se emita a nombre del socio/a, e incluya el detalle de los servicios prestados.

Artículo 4. Solicitud y aprobación

1. Para tener derecho a acceder a la ayuda descrita en el artículo anterior, el socio/a deberá remitir por escrito a la Secretaría de la APC una solicitud motivada, explicando brevemente el asunto objeto de consulta o reclamación y justificando su relación con el ejercicio de la actividad periodística.
2. La Junta Directiva resolverá la solicitud en un plazo máximo de 15 días hábiles, valorando, entre otras circunstancias:
   • Que el caso esté vinculado de forma clara al desempeño profesional como periodista o comunicador.
   • Que no se trate de asuntos personales ajenos al ámbito profesional.
   • Que no exista conflicto de interés con otros socios/as, en cuyo caso el socio/a perderá automáticamente el derecho a obtener la ayuda económica descrita.
3. Sin la autorización expresa de la Junta Directiva, el/la socio/a no tendrá derecho a la citada ayuda.

Artículo 5. Exclusiones

1. No se admitirán solicitudes relativas a cuestiones de carácter estrictamente personal, familiar, mercantil o laboral siempre que sean ajenas al ejercicio profesional del periodismo.
2. En los casos en que la disputa judicial o extrajudicial enfrente a dos o más socios/as de la APC, los/as socios/as perderán el derecho a obtener la ayuda económica descrita, ya que la Asociación se eximirá de toda intervención y apoyo económico con el fin de preservar la imparcialidad institucional.
3. La APC se reserva el derecho a exigir la devolución de la ayuda que haya sido concedida mediando falsedad o mala fe en el/la solicitante.

Artículo 6. Protección de datos y confidencialidad

1. Toda la información que las personas asociadas comuniquen a la APC en el marco de este reglamento será tratada con estricta confidencialidad y conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD).
2. La Junta Directiva y el personal autorizado de la APC tienen la obligación de no divulgar bajo ningún concepto las solicitudes de asistencia jurídica ni las razones que las motivan.
3. El despacho de abogados también se compromete, en su relación con la APC y con los asociados/as, a mantener la confidencialidad de toda la información compartida.

Artículo 7. Revisión y modificaciones

Este reglamento podrá ser revisado, modificado y actualizado por la Junta Directiva de la APC en cualquier momento, previa justificación y aprobación por mayoría simple de la Junta Directiva. Posteriormente, deberá ser notificado a los/as socios/as.

Disposición final

El presente reglamento entra en vigor el día siguiente a su aprobación por la Junta Directiva y será de aplicación a todas las solicitudes de ayudas de asistencia jurídica que se presenten a partir de esa fecha, es decir, a los procedimientos que se inicien después de la consulta previa gratuita.