[Perla Gómez]
Lamentablemente, hablar en nuestro país, Méjico, de libertad de expresión, termina siendo un concepto que está en la Constitución desde 1857, y luego la de 1917: contempla esa garantía, pero está en la letra, no en la realidad. Hay una situación tan alarmante que tuvieron que ir los relatores de la ONU y de la OEA conjuntamente a hacer una serie de entrevistas a autoridades, periodistas, medios y organizaciones, y hacer un diagnóstico de lo que está pasando en Méjico, que va desde lo más violento, que es el hecho de asesinar a un periodista o hacerlo desaparecer.
Lo más grave no es solamente el asesinato, sino que en diez años se cuentan ya ochenta casos. Y no hay ni una persona en la cárcel, ni un procedimiento iniciado que diga: es esta persona, es esta situación. Eso es lo más grave: la situación de impunidad. Se mata un periodista en Méjico y no pasa nada, ni siquiera se inicia una investigación adecuada. Se ha tratado de cambiar. Cuando hablo en foros —sobre todo de periodistas—, si logro que salgan deprimidos es que logré el objetivo porque, lamentablemente, nuestro sistema no solamente afecta a lo fáctico. No solamente es una realidad violenta donde el crimen organizado o la situación de inseguridad favorece este tipo de agresiones, sino que tenemos, sobre todo, una agresión institucional.
En Méjico, la ley juega en contra de la libertad de expresión. Si un periodista o un medio quiere verse protegido por el sistema, no hay autoridad o facultad, no hay mecanismos propios para llevarlo a cabo. En cambio, cuando se le quiere sancionar, está la vía penal, la vía civil y la vía administrativa puestas para ese tipo de agresión. Es una agresión muy sutil, porque termina siendo legal. No es justa, pero es legal. Por ejemplo, en materia administrativa, en la asignación de frecuencias, nosotros no tenemos canales públicos. Tenemos canales estatales, en el mejor de los casos, donde es el Gobierno quien maneja la radio o la televisión en algún tipo de señal. Y en veinticinco años no se ha otorgado una señal de frecuencia radioeléctrica para radio. Ha tenido que ser a través de litigios internacionales de posesión de radios comunitarias para poder tener permiso para uso de radio cultural en ciertos sectores. ¿Por qué el Gobierno no da este tipo de asignación?
Tenemos dos casos muy interesantes: el caso del movimiento zapatista en Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y el caso de Oaxaca con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Su forma de difusión alterna de información era a través de la radio comunitaria. A raíz de eso, el Gobierno prefiere negar el acceso, mediante un mecanismo donde se hace una solicitud: la más antigua lleva veinticinco años sin una respuesta. Y cuando quieren generar una señal, porque hay una forma de decodificar —se compra un aparato, que no es muy costoso—, la comunidad se organiza y, literalmente, desvía una señal para transmitir su canal cultural: la receta de la señora a las diez de la mañana, un baile donde se hace una representación musical a las cuatro de la tarde, alguien que se pone a leer el periódico a las cinco de la tarde, etc. Se hace todo un mecanismo social de difusión de la comunidad. Desviar esa señal es un delito federal —el uso de un bien del dominio público—, y es peor que si fueran narcotraficantes: llegan en un operativo, se los llevan arrestados, aseguran los bienes y pasan a procesos jurisdiccionales sin derecho a fianza. No pueden estar fuera de la cárcel mientras dure el procedimiento. Se está penalizando una vía alterna: ¿por qué no buscar la vía institucional de acceso? Porque tarda veinticinco años en llegar: es una situación en vía administrativa.
Tenemos una ley desde 1917 que se llama Ley de los Delitos de Imprenta. Vean ya desde el nombre cómo va: es tan anacrónica, que se pone a definir lo que es moral pública, como si eso se pudiera definir a priori, bajo un contexto en función del caso concreto. Esa ley está vigente, y es la que se utiliza para sancionar a periodistas cuando el mal gusto —y ahí definiríamos qué es mal gusto— pueda perjudicar a alguien en un juicio de daño moral. Llegamos a una situación tan aberrante que, en materia penal, en nuestro sistema como República representativa, tenemos leyes federales y leyes locales. Tenemos 32 entidades federativas, así que tenemos un Código Penal Federal, 32 códigos penales locales y 32 códigos civiles locales. Entonces, cuando el Presidente sale en televisión diciendo: «ya se despenalizaron los delitos contra el honor en Méjico, ya no hay difamación, calumnia e injuria», al momento en que lo despenalizan solo se envía al federal, y este tipo de delitos se persigue en función del domicilio, o sea, quien haya publicado en alguna entidad donde exista su código penal local. Dos terceras partes del país siguen penalizando decir la verdad.
El delito de difamación se define como «aquel que comunica algo cierto o falso que daña a alguien». No diferencia lo que implica el interés público, o que alguien pudiera mentir y afectar a alguien. Es una lógica diferente a alguien que dice la verdad y lo documenta. Decirle «corrupto» al corrupto, con pruebas, claro que le causa un daño, pero hay un interés público y una denuncia que debiera iniciarse, incluso una investigación contra esa persona. No: aquí es al revés. Esa persona, que fue denunciada por corrupta —con pruebas—, puede demandar válidamente y ganar.
El problema en Méjico es que el periodismo no se considera profesión, legalmente se considera un oficio. Tenemos la Ley Federal del Trabajo, y al lado del carpintero, del albañil, de una serie de oficios y trabajos que se realizan, viene el del fotógrafo, el del editor, el del informador… No tiene una profesionalización legal, y peor aún, los empresarios de los medios no aseguran un salario digno y unas prestaciones mínimas de Seguridad Social para accidentes de trabajos en un sistema de riesgos de trabajo como el mejicano. No: lo que hacen es darles un porcentaje en función de la publicidad que consiguen para el medio, así que el periodista no tiene una estabilidad en su empleo. Para colmo de la situación actual, llega un momento en que, si los demandan los dejan solos o, si sufren un accidente, tienen que reunir ellos los recursos para poder apoyar a algún compañero. Es un escenario desolador, porque la propia ley no da ese reconocimiento.
Cuando les va bien, digamos, es una demanda civil por un supuesto daño moral; se privilegia el lucro, o sea que cuando los demandan, van a por su patrimonio. Es una moda en Méjico que inauguró Marta Sahagún, la esposa del anterior presidente, Vicente Fox. Demandó a una periodista argentina, Olga Wornat, y a Proceso, un semanario de información de los más importantes desde los años 70. Los demanda por una cantidad exorbitante, y aquí lo interesante no es solamente el juicio en sí, sino los tiempos. Un juicio en Méjico, cuando se lleva adecuadamente bajo la lógica judicial, lleva de ocho meses a un año. Ha habido juicios que llevan seis años, donde la propia persona que demanda lo retrasa, con una intención que no se entiende si es él el interesado: se entiende bajo una manipulación perversa de la ley. El coste de una defensa, mantener permanentemente demandado a un periodista puede obviamente, de manera indirecta, inhibir su libertad de expresión. El coste mismo de su defensa puede quebrar a un periodista. Y es lo que está pasando lamentablemente en Méjico.
Tenemos un escenario donde el discurso oficial del Presidente es: «Ya no somos nosotros los que atacan la libertad de expresión, ahora es el crimen organizado». Aún así, el 40% de agresiones que sufre un periodista en Méjico sigue siendo de la autoridad. A nivel local, sigue habiendo este tipo de situación; a nivel formal, no se actualizan las leyes y no se despenalizan los delitos de honor a pesar de que se suscribió con la OEA el compromiso de no penalizar la libertad de expresión. Debe haber responsabilidades civiles, pero no penales.
Como les decía, no hay estabilidad de empleo. Un periodista no solo vive de su trabajo como periodista, tiene que buscar otro empleo adicional. Y si lo dejan con antecedentes penales por un procedimiento de esta naturaleza, lo dejan sin una opción de trabajo. O incluso se da la perversión legal de utilizar otros mecanismos que hasta nombre técnico tienen: el enfriamiento. En Chiapas, cuando quieren enfríar a un periodista que se ha atrevido a publicar o comentar la corrupción de la autoridad, lo arrestan un viernes por la noche, y aunque tiene derecho a fianza para salir a defenderse, no está abierta la oficina de fianzas y se queda viernes, sábado y domingo, hasta el lunes por la mañana que puede salir. Para que se enfríe. Esos son los términos no oficiales de lo que implica una agresión a la libertad de expresión. Parece bizantino lo que estamos exponiendo, pero es una situación muy grave, porque nuestra democracia incipiente está tratando de consolidarse. El principal ataque y la principal forma que se está manejando es una agresión a la libertad de expresión. No hay garantías, es una situación de impunidad, de corrupción.
También la propia crítica al periodista. Había un presidente que decía «yo no pago para que me peguen» [José López Portillo, refiriéndose al retiro de la publicidad gubernamental a Proceso]. Pero también hay periodistas que pegan para que les paguen. Tenemos que retomar la parte de la autorregulación, de la ética, la actualización. De repente, crean fiscalías especiales. Tenemos una Fiscalía Especial para la Atención a Agresiones a Periodistas. No ha dado resultado en más de tres o cuatro años. Ya habido tres fiscales, y terminan siendo sus elefantes blancos, donde asignan el presupuesto, asignan a una persona, y no hay ningún tipo de resultado.
Formalmente, pareciera que el Gobierno está bastante preocupado. Ya despenalizó en materia federal, pero no hay un compromiso constitucional de las entidades a despenalizar, y sigue habiendo persecución. No hay un compromiso de actualización de leyes en materia administrativa. Tenemos un duopolio televisivo: en toda Sudamérica, Centroamérica y parte de Méjico no son más de cinco familias las que manejan todo el espectro radioeléctrico para televisión. Eso, por sí mismo, y como lo manejan las convenciones, tanto de la ONU como de la OEA, es un ataque indirecto a la libertad de expresión. Y llega todavía a ser más excesivo, porque a aquel medio que termina siendo crítico con el Gobierno le hace en un año dos auditorías, dos revisiones de seguridad, revisiones de derechos laborales, revisión sanitaria, etc. Y a quien se queje de esa situación, el Gobierno le dice que está «cumpliendo sus atribuciones de verificación». Pero qué casualidad que solo se lo hace a ese medio, más de diez veces en un año, y a los medios que son cómodos nunca les verifica sus instalaciones. La parte perversa de este sistema es que se utiliza la ley para atacar la libertad de expresión. Cuando dicen: «ya no somos nosotros», siguen siendo responsables por omisión. Como autoridad, tienen que propiciar que todas las garantías prevalezcan. Cuando se quejan de que queremos leyes de protección a periodistas, dicen: «bueno, y ese grupo selecto, ¿quién es?».
El ejercicio periodístico tiene una función no solamente individual de su libertad, sino una función social, gracias a que existe alguien que es el intermediario entre la información y la sociedad. Lamentablemente, en Méjico, ante el clima de impunidad, las agresiones y demás, llegamos al punto más grave en la libertad de expresión: la autocensura. ¿Quién en su sano juicio le va a pedir a un periodista que sea valiente y difunda una nota donde está de por medio su integridad física o la de su familia? Donde, al momento de morir, o de quedarse viudo o en una incapacidad, no va a haber empresa que lo sostenga. No va a tener garantías; en el mejor de los casos no se va a investigar siquiera su crimen. Es una situación muy grave, porque están logrando su objetivo.
Mucho se empezó a documentar sobre el narcotráfico en Méjico. Qué casualidad que cuando se documentó el narcotráfico y la corrupción de la autoridad es cuando empezaron los asesinatos. Hay un detonante ahí, y está documentado. Quiere decir que, al momento de los asesinatos, por querer denunciar corrupción, lograron su objetivo. A día de hoy, el norte del país dejó de difundir notas que vincularan a la autoridad y la corrupción con el crimen organizado. Es eso, lamentablemente, y por eso les reitero que estas charlas son más de catarsis que de otra cuestión. Porque hay una realidad, que es formal.
Aquí lo grave no es solamente el clima de agresión, sino también de la propia autoridad, en la omisión de no actualizar sus leyes, su falta de voluntad política, o siendo un factor de agresión la propia autoridad. Hay otra moda también en Méjico: si alguien critica a un político como en cualquier sociedad democrática, de manera respetuosa, sin utilizar ningún tipo de injuria, pero sí cuestionando o escrutando su función, puede ser demandado. Y ahora los políticos que se sienten incómodos por la crítica o el seguimiento a su función demandan, y mejor aún: ganan. Y ganan sumas que van desde los quinientos mil dólares. No son cuestiones menores, lo que autorizan los jueces.
En Estados Unidos se tiene superado desde los años 60: lo que se considera como derecho a la libre crítica en una sociedad democrática siempre y cuando sea respetuosa. En Méjico se dio el caso de que una revista, Contralínea, documentó un caso de corrupción entre el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño —que se mató en un accidente de avión— y la Presidencia con Pemex (Petróleos Mexicanos). Tenía todos los documentos, porque por la Ley de Acceso pidió información certificada, así que era como si fuese el original. Los están demandando, llevan siete demandas y dicen que van a ir a setenta. ¿Por qué? Por haber denunciado corrupción. Y están perdiendo todos los casos. Lo interesante es que lleguen al máximo tribunal, porque en las vías locales judiciales están perdiendo.
Nosotros decimos ignorancia, por no decir corrupción de los jueces. Es una situación alarmante, porque hay impunidad, abuso de poder, omisiones, y leyes que permiten que se lleve todo esto a cabo. Formalmente, alguien puede decir: fue legal. Ese es el clima. La libertad de expresión está en la letra, pero en el momento de la aplicación vemos toda la perversidad legislativa como un buen mecanismo, si funciona. Nosotros tenemos, y se ha criticado, un Estado débil. Pero es muy fuerte cuando quiere atacar. Curiosamente es débil cuando hay que proteger las libertades, y muy fuerte cuando quiere atacar indebidamente la libertad.
[José Martínez Mendoza]
No vino Mar Moreno hoy para llenar la sala. Lo digo porque hay un escozor en los políticos, sean de izquierdas o de derechas. O que se quieran entrometer en la prensa, como ella decía; que quiera escoger cómo se pone la noticia en internet, o en la prensa —destacada, en primera plana—, y eso pasa en todo el mundo. En el caso de la prensa mejicana, como la latinoamericana, es muy similar. Es muy sintomática.
Yo he comido mucho con la prensa extranjera en Méjico, y siempre están sorprendidos del trabajo y de las formas en que se realiza el periodismo en Méjico. Ya lo planteaba Perla Gómez: en la parte jurídica, en la parte política, en la parte que le corresponde al Estado. Pero yo veo todo esto todavía muchísimo más grave. Ya lo decía Chesterton: «El periodista es el hombre que se quedó sin profesión».
Creo que la prensa siempre debe parte del escrutinio público: debe ser también analizada, criticada y juzgada. Pero en Méjico, lejos de todo esto, tiene muchos defectos de origen, porque ya hace doscientos años, los políticos de aquella época —como aquí también, en España— se metían en el periodismo para hacer política. Y eso no es malo, porque unos están de acuerdo en que el periodista ha de ser un activista político —yo también estoy de acuerdo— pero ahí entramos en el terreno de las definiciones éticas. En Méjico el problema de origen es ese. El periodista siente que representa un poder. En Méjico se dice: «Somos el Cuarto Poder». Yo no estoy de acuerdo con esa visión, sino que creo que es un contrapoder en cualquier parte del mundo. Y también el periodista es una especie no de servidor público, pero sí de interlocutor de la sociedad ante el poder. Pero también, muchas veces, tiene un desconocimiento de la ley, de cuáles son las leyes que regulan su trabajo.
En el caso de Méjico, la reglamentación para el trabajo es muy excesiva. Ella mencionaba la Ley de Delitos de Imprenta, que es preconstitucional. La Constitución de 1917 se supone que abrogaría otras leyes, las anteriores. Pero en Méjico, esa ley que es incluso anterior a la Constitución, es la que tiene vigencia, y es decimonónica. Todo ha cambiado también con la modernidad en los medios de comunicación, porque ya no podemos hablar tanto de imprenta, sino de audiovisual. Con los defectos que apuntaba Perla Gómez, en lo jurídico y en lo cotidiano, ¿a qué realidad se enfrenta? A los proyectos mal pagados, o a periodistas muy corruptos. ¿Cómo es posible que el periodista lleve un coche último modelo, vista la ropa de moda, viva en zonas residenciales? ¡Si es la profesión peor pagada! Los que ganan, como en muchas partes del mundo y aquí también, son los que conducen la noticia, los que menos trabajan la noticia. Son los que están en pantalla, pero detrás de ellos hay todo un batallón de periodistas mal pagados. ¿A qué se atribuye esto? No se le da la importancia de vida al periodismo, sobre todo en Méjico y América latina.
En otros países, sobre todo los europeos y Estados Unidos, es una profesión de mucho respeto. Ser periodista es importante. En Méjico, no se necesita ni la primaria para ser periodista. En Méjico, ser periodista es tener impunidad, tener poder. Quieren ser periodistas para influir en la sociedad, para codearse o tutear al poder. Para qué se quiere ser periodista, si va a ser una vocación social, con los altos riesgos que representa ahora ser periodista. Las universidades están saturadas de estudiantes de periodismo, porque no quieren estudiar física, química, matemáticas. Las parece lo más fácil, aparentemente, meterse en una carrera de periodista, que implica mucho estudio y mucha lectura. Si uno no lee, si no está actualizado, si no conoce las leyes que regulan su trabajo, si no conoce la historia, va a ser un periodista muy débil. Y esto ocurre en casi todo el mundo. Son raras las excepciones de los grandes periodistas que llegan a destacar. Pasa en Estados Unidos, y aquí en España. Es aún peor en los países como el nuestro.
El periodista, por esa falta de preparación y de formación, quiere ser un héroe y termina siendo una víctima, porque la única manera de destacar va a ser su arrojo; tiene el narcisismo de querer ser protagonista, de influir y ser reconocido. Quiere que lo vean, que lo miren, quiere fama. Si el periodista ve un tema de narcotráfico, y quiere descubrir quién es el jefe de esa mafia, lo va a denunciar, pero está exponiendo su vida a cambio de ganarse una noticia. Eso explica también por qué hay muchas muertes en Méjico de periodistas que no tienen experiencia en cubrir eventos de esa magnitud.
A veces veo los reportajes de los periodistas de la frontera que andan buscando exilio en Estados Unidos. Uno los ve y parecen auténticos vaqueros. Son periodistas muy rupestres, lamentablemente. Los problemas que hay de dignificación, de profesionalización, se vuelven más graves cuando hay esa improvisación. Me ha tocado estar en muchas conferencias en el norte, sobre todo en Chihuahua, que es una parte muy peligrosa para ejercer el periodismo. O en Sinaloa: los periodistas no leen ni sus periódicos. ¿Cómo es posible que se metan a un tema de narcotráfico? Son muy vulnerables.
En Méjico, el periodismo es una actividad de alto riesgo, pero no para todos. Sobre todo ahora, con la geografía de la narcocensura en los Estados donde se ejerce el periodismo, que parece una profesión no ya de alto riesgo, sino una profesión que no sé cómo definir, porque la actividad del periodista en las zonas más peligrosas no se reduce solamente a la nota de sucesos, porque la vida continua, hay vida social y vida política. Pero el estricto periodista de sucesos es el que está más expuesto. ¿Cómo definir este tipo de periodista? No sé cómo definirlo, así que no podemos generalizar. Pero ese tipo de periodista, de la fuente policiaca, son los que están más expuestos; son los menos capacitados. En la vida cotidiana de un periodista, en los inicios, en su formación, se empieza por la policía, cubriendo actos policiacos, o deportes, y en función de esa experiencia que adquiriendo día a día es como va aprendiendo para ser un periodista de asuntos políticos, o diplomáticos. Estos periodistas son los más agredidos y representan la mayoría de los atentados —he visto informes oficiales que hablan de sesenta asesinatos en los últimos 20 o 25 años—. Tenemos sesenta y dos en los últimos diez años, y diez desaparecidos en este momento.
Hay otro tipo de periodistas que sí representan una amenaza a los grupos políticos. Cito un caso, por ejemplo, de hace alrededor de 25 años. El periodista más importante de Méjico, Manuel Buendía. Era el más leído, el que más influía. No había político que no leyera por la mañana la columna de Manuel Buendía, o un lector común y corriente. Era el más leído, con mayor credibilidad. A este tipo de periodista, que es muy diferente del periodista policiaco, lo asesinaron. Fue un crimen de Estado. Hay algunos implicados que llevan más de veinte años en prisión. Pero los verdaderos responsables, los autores intelectuales, están libres. Puede llegar hasta el Presidente de la República, que en aquellos años era Miguel de la Madrid, y el que era Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett. Nunca fueron investigados. Pero los organismos de inteligencia de Estados Unidos tenían la presunción de que pudieran estar detrás del crimen de este gran periodista, hasta el grado de que se les vinculaba al narcotráfico.
Bartlett, que dejó de ir a Estados Unidos por temor a que lo fuera a detener la policía, es un hombre muy poderoso en Méjico, aunque no esté en el poder. Yo sigo sosteniendo la tesis, y lo dije públicamente en un programa de radio, de que él pudo ser uno de los autores intelectuales de ese crimen. Tengo muy investigado ese tema, muy documentado. Pero no pasó nada, en realidad. No cambió ni alteró absolutamente nada. A los que metieron en prisión fueron al jefe de la policía política que imperó en la guerra sucia de Méjico, y algunos agentes policiacos. Pero no afectó al poder político. Ese crimen cambia mucho la relación de los periodistas frente al poder. A partir de ahí cambió totalmente.
El Estado fue, muchos años, paternalista con la prensa. Incluso el Estado fue el que fijó cuándo debía conmemorarse la Libertad de Expresión, el 7 de junio. Era la fecha oficial, cuando debía ser en octubre, para mí, porque ese mes es muy importante en la historia del periodismo mejicano por la lucha por la libertad de expresión de personas como José María Luis Mora, José María de Bustamante o José María Lafragua. El Estado fija su agenda, fija la fecha para conmemorar la Libertad de Expresión y al periodista lo tienen en la nómina, en cargos de asesor o de relaciones públicas. El periodista era parte de la clase política, y muchos aspiran a eso, o siguen con la nostalgia de esa relación del pasado.
El crimen de Buendía rompe con esa parte de esa relación perversa. Si los periodistas mejicanos hubiéramos protestado o exigido desde aquel crimen que hubiera justicia, las cosas no estarían como ahora. Después de ese crimen ha habido más de sesenta asesinatos. Imaginemos que en un año matan a diez periodistas aquí en España, ¿qué ocurriría? Esos fueron los que mataron el año pasado [2009] en Méjico. Nos estamos acostumbrando; la capacidad de asombro se pierde. Ya no protestamos, ya solo decimos: ¿a quién le toca, quién sigue? Y eso es lo peligroso, porque se va convirtiendo en una segunda naturaleza, en un problema de salud pública. Está muy localizado dónde está el problema: en el periodismo policiaco. En la represión, en el lado político, es de otra manera. En el caso del periodista que llega a descubrir corrupción política, o su vinculación con los grupos criminales, es otro tipo de represión, que explicaba Perla Gómez, porque está afectando intereses políticos de todas las corrientes o poderes fácticos. Hay una complicidad de corrupción en los medios y la política que es espantosa.
A mí me sorprendía ayer escuchar aquí la primera charla con Mar Moreno, muy inocente, hablando de los regionalismos, si eran churumbeles o andaluces, o si la Consejera quería exigir mayor presencia en los medios. Eso se me hace muy ingenuo para los problemas que estamos viviendo nosotros, reales, de lo que es el trabajo de un periodista en la vida real. Porque no hay nada más rico para un periodista que un país con conflictos. Esa es la materia prima para un periodista.
Ser periodista en Irak es maravilloso para un periodista, ir a cubrir conflictos en una frontera, una guerra. Ser periodista en Suiza debe de ser aburrido. Donde más conflictos haya, más interesante para un periodista. En verdad, en la historia del mundo, los periodistas han estado en esas zonas conflictivas, donde se hace un mejor periodismo. Si se está bien preparado, es muy interesante ser periodista en Sinaloa; conocer cómo las familias en el poder político y el poder económico están vinculadas al narcotráfico. Cuando uno ve la película El Padrino, uno los ve pequeños frente a los verdaderos narcos mejicanos. Mario Puzo, si hubiera sido mejicano, no hubiera escrito El Padrino. Nosotros tenemos unos padrinos sumamente sanguinarios que decapitan, torturan, secuestran y matan a sus víctimas, del mismo narcotráfico, de la misma mafia, pero también a los periodistas. Esta película está considerada como una de las mejores del mundo. Aquí, El País, en una encuesta que hizo hace un par de meses, la ponía como la mejor considerada por los cineastas españoles. Frente a la realidad mejicana, se queda corta.
Es impresionante. Llegó un periodista español, Arturo Pérez-Reverte, para hacer La Reina del Sur, y se quedó sorprendido. Si ustedes son periodistas, o están vinculados al periodismo, si van para allá, es maravilloso escribir esas historias. Claro, si uno se pone a publicar notas por tratar de identificar sin pruebas —Fulano de Tal traía diez toneladas de droga— lo van a matar. Hay un problema de capacitación para que los periodistas se preparen en esas grandes historias. Y se quedan en notas de denuncia nada más —una nota de sucesos— que solamente interesa al que están denunciando. Pero la gente pasa la página. La gente lo que quiere es ver una fotografía con sangre.
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