España ocupa el puesto 44 en el Barómetro de la Libertad de Prensa, elaborado de forma anual por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras y publicado hoy. La situación en España para la libertad de expresión es similar a la de Cabo Verde o Eslovaquia, países que comparten con el nuestro el puesto número 44, pero está muy alejada de los primeros países clasificados: Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia e Irlanda. Y también, afortunadamente, de los peores: Eritrea, Corea del Norte y Turkmenistán (puestos 175, 174 y 173, respectivamente).
El estudio realizado por Reporteros sin Fronteras sobre la libertad de prensa en 175 países del mundo desvela la degradación de este derecho fundamental en España, donde en los dos últimos años el país ha ido perdiendo puestos en el Barómetro (puesto 36 en el 2008 y 33 en el 2007)
Sin embargo, en las conclusiones publicadas sobre el estado de la libertad de prensa en Europa y Rusia la organización no explica cuáles son las razones por las que se sitúa a España en esta posición. Acerca de España, RSF se limita a confirmar el puesto 44 y decir que "aún hay periodistas amenazados físicamente".
El informe completo de RSF destaca el avance de EEUU, que recupera 20 puestos con respecto al año anterior y se sitúa en el puesto número 20 y el retroceso de Europa, donde democracias como Francia e Italia bajan también puestos en el barómetro de la Libertad de Prensa (Francia está en el puesto 43 e Italia en el 49).
En África, la región más peligrosa para los periodistas es el Cuerno de África, destaca la organización, aunque en el lado opuesto, países como Ghana (27), Namibia (35) o Mali (30) superan a España en esta clasificación.
En América Latina, Cuba es el peor país clasificado. Reporteros sin Fronteras lo sitúa en el puesto número 170, argumentado que la libertad de prensa "es inexistente" en la isla. México, Honduras y Venezuela le siguen en la lista de los peor clasificados.
La organización ha realizado este estudio basándose en los datos recopilados entre septiembre de 2008 y agosto de 2009, en los que se valoran cuestiones como las amenazas, agresiones o encarcelamientos sufridos por periodistas, el acceso a la información, la censura y la autocensura, el estado de los medios de comunicación públicos y privados, las presiones administrativas, judiciales o económicas en el ejercidio del periodismo, la libertad en Internet o la actuación de los poderes públicos en los casos de amenazas o asesinatos a periodistas.



